Bolivia presenta un panorama laboral marcado por una aparente paradoja: tasas de desempleo abierto relativamente bajas en períodos normales, pero con una extensa y persistente presencia del empleo informal y del subempleo. Comprender la evolución de ambos fenómenos exige distinguir indicadores, observar impactos coyunturales (como la pandemia de COVID-19), analizar dinámicas sectoriales y demográficas, y evaluar políticas públicas de formalización y protección social.
Definiciones y limitaciones de las estadísticas
Antes de continuar, es importante recordar dos aspectos metodológicos clave. En primer lugar, la tasa de desempleo abierto representa la proporción de la fuerza laboral que se encuentra sin empleo, disponible y en búsqueda activa de uno; aunque es útil, resulta insuficiente en contextos con alta informalidad. En segundo lugar, el empleo informal puede ser definido de diversas formas: falta de afiliación a la seguridad social, ausencia de contrato escrito, empleo en unidades productivas informales (microempresas no registradas) o trabajo doméstico no remunerado dentro de los hogares. En Bolivia, las mediciones oficiales (INE, encuestas de hogares) y los informes de organismos internacionales (OIT, Banco Mundial, CEPAL) indican que la informalidad es estructural y que las cifras oficiales de desempleo subestiman la vulnerabilidad laboral al no capturar completamente el subempleo, la inestabilidad de ingresos y la falta de protección social.
Principales tendencias: antes, durante y después de la pandemia
– Periodo previo a 2020: Durante la década anterior a la pandemia existió una estabilidad macroeconómica relativa con crecimiento moderado, acompañada de tasas de desempleo abierto bajas a moderadas (en términos comparativos regionales). Sin embargo, el empleo generado mostró fuerte concentración en la microempresa y la economía informal. La participación del empleo informal en la población ocupada suele ubicarse en rangos elevados —con estimaciones que frecuentemente superan el 60%—, dependiendo de la definición y del año. Esto incluye a trabajadores por cuenta propia sin registro, vendedores ambulantes, trabajadores domésticos, y ocupaciones rurales de subsistencia.
– Impacto de la COVID-19 (2020-2021): Las restricciones de movilidad, el cierre temporal de actividades no esenciales y la caída de la demanda afectaron de manera severa a sectores con alta proporción de empleo informal (servicios personales, comercio minorista, transporte y pequeñas manufacturas). La tasa de desempleo abierto subió en 2020, aunque el efecto más visible fue la reducción drástica de ingresos y el aumento del subempleo. Muchas personas retornaron al ámbito rural o recurrieron a actividades informales alternativas para subsistir, lo que temporalmente redujo la tasa de desempleo formal pero aumentó la precariedad. Las transferencias de emergencia y programas de alivio atenuaron, pero no eliminaron, los efectos de corto plazo sobre la pobreza laboral.
– Recuperación parcial y desafíos estructurales (2022-2024): La recuperación económica posterior al choque heterogéneo permitió una recuperación parcial del empleo formal en algunos sectores, especialmente en Santa Cruz (sector agroindustrial) y en actividades vinculadas a la construcción y al comercio. No obstante, la informalidad siguió siendo dominante, y la calidad del empleo (protección social, estabilidad, ingresos) no mejoró de forma consistente. La inflación y la volatilidad de los precios de los commodities también incidieron en la capacidad adquisitiva de los salarios reales y en la demanda de mano de obra.
Diferencias sectoriales y territoriales
– Sector agrícola y rural: El empleo en el agro incluye muchos trabajadores en pequeñas parcelas familiares y en sistemas de producción familiar que típicamente no cotizan a la seguridad social. En departamentos con fuerte componente rural (Potosí, Oruro, Pando, Beni), la informalidad y el empleo por cuenta propia son predominantes. Las cosechas estacionales generan picos de ocupación que no siempre se traducen en empleos estables.
– Ciudades y economía urbana: En La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz la estructura del empleo informal incluye vendedores ambulantes, transporte informal (trufis, micros), comerciantes minoristas y servicios domésticos. La urbanización y la expansión de la economía de servicios han creado oportunidades, pero también han absorbido fuerza de trabajo en condiciones precarias.
– Minería y extractivismo: La extracción de metales y la explotación de hidrocarburos integran tanto el empleo formal en grandes proyectos como el trabajo informal o artesanal en actividades complementarias o de menor escala (minería artesanal y pequeña minería). Estas actividades pueden incrementar el ingreso disponible en algunas regiones, pero también provocan condiciones laborales peligrosas y desprotegidas.
Grupos más afectados: género, juventud e indígenas
– Mujeres: Las mujeres se encuentran predominantemente en trabajos informales y en roles con menos protecciones laborales, como el trabajo doméstico remunerado y el comercio minorista. Asimismo, las responsabilidades de cuidado no remuneradas restringen su acceso a empleos formales. La diferencia salarial y la baja cobertura en seguridad social siguen siendo problemas persistentes.
– Jóvenes: La tasa de desempleo juvenil tiende a ser más alta que la general y muchos jóvenes aceptan empleos informales o temporales por la falta de oportunidades formales. La falta de correspondencia entre la formación educativa y la demanda laboral (mismatch) es un problema recurrente.
– Población indígena y rural: Los pueblos indígenas enfrentan barreras mayores al acceso a empleo formal por razones geográficas, educativas y discriminación estructural. Esto se traduce en mayor dependencia del autoempleo y de actividades de subsistencia.
Factores estructurales que perpetúan la informalidad
– Estructura productiva: Dominio de micro y pequeñas unidades productivas con baja productividad y limitadas economías de escala. Muchos emprendimientos informales no logran transitar a la formalidad porque los costos y requisitos administrativos, fiscales y laborales representan barreras.
– Marco regulatorio y costos laborales: Aunque Bolivia ha establecido marcos de protección social, los costos vinculados a la formalización (impuestos, contribuciones patronales, trámites) fomentan la permanencia en la informalidad, especialmente para microempresarios y empleadores con baja capacidad de pago.
– Educación y capacitación: La formación técnica y profesional no siempre casa con las necesidades productivas, y los programas de capacitación no alcanzan cubrir la demanda de reconversión laboral, especialmente para trabajadores informales adultos.
– Acceso a financiamiento y a mercados: La ausencia de crédito formal, la carencia de mecanismos de garantías y el acceso restringido a mercados formales reducen la capacidad de expansión de pequeñas unidades productivas.
Programas pertinentes y políticas públicas
Bolivia ha llevado a cabo múltiples acciones para reducir la informalidad y salvaguardar a los trabajadores en situación de vulnerabilidad:
–
Las transferencias y subsidios: Los programas sociales, junto con las transferencias tanto condicionadas como no condicionadas durante la pandemia, contribuyeron a mantener los ingresos. Estas medidas son temporales y su impacto en la formalización a largo plazo es limitado.
– Programas de empleo y capacitación: Iniciativas de formación técnica, reconversión y apoyo a emprendimientos buscan facilitar la transición hacia empleos con mayores garantías. La efectividad varía por alcance geográfico y alineación con demanda privada.
– Incentivos para formalización: Se han implementado medidas para facilitar trámites y disminuir costos para pequeñas empresas, además de esquemas de seguridad social progresivos o especiales. Sin embargo, la persistencia de la informalidad sugiere que estos incentivos no han sido suficientes o que la oferta formal no absorbe la mano de obra en condiciones competitivas.
– Regulación laboral y fiscal: Las modificaciones en la normativa laboral y fiscal pueden incentivar o desincentivar la contratación formal. La clave radica en equilibrar la protección social y la flexibilidad para fomentar la creación de empleo digno.
Casos de estudio ejemplares
– Vendedores ambulantes en El Alto: Muchos de ellos trabajan jornadas largas sin afiliación a la seguridad social; la regulación municipal tiende a ser intermitente (operativos de control, reubicaciones), lo que genera incertidumbre. Programas municipales de formalización han ofrecido módulos y microcréditos, con éxito parcial: algunos logran establecer locales informales registrados, pero otros vuelven al comercio ambulante por costos fijos más bajos.
– Microempresas agroindustriales en Santa Cruz: El desarrollo del sector agroexportador ha creado empleos formales en plantas de procesamiento, aunque la oferta no es homogénea. Los pequeños productores a menudo quedan fuera de las cadenas formales y trabajan de manera estacional e intermitente; al unirse a cooperativas que les proporcionan acceso a mercados y certificaciones, tienden a mejorar sus condiciones laborales.
-Minería artesanal en Potosí: Las actividades a pequeña escala continúan al margen de los esquemas de seguridad social y enfrentan riesgos elevados. Las intervenciones para la formalización han progresado mediante cooperativas, pero la transición demanda inversión en seguridad, formalización de la cadena y acceso a mercados.
Proyecciones futuras y sugerencias de políticas
Escenarios posibles a mediano plazo dependen de la interacción entre crecimiento económico, políticas públicas e innovación institucional:
– Escenario de continuidad: Sin reformas significativas, la informalidad permanece elevada; el empleo formal mejora de manera débil, vinculado a sectores específicos y con una persistente vulnerabilidad en los salarios.
– Escenario proactivo: Con políticas integradas (simplificación fiscal para micropymes, acceso efectivo a financiamiento, formación alineada con la demanda, expansión de la protección social a través de esquemas contributivos flexibles), se podría fomentar una tasa de formalización progresiva, mejorar la calidad del empleo y disminuir la pobreza laboral.
– Escenario desfavorable: Factores externos adversos, como una caída en los precios de las materias primas o impactos climáticos, podrían incrementar la vulnerabilidad y ampliar la economía informal.
Recomendaciones prioritarias: 1. Crear incentivos fiscales y regulatorios escalonados que disminuyan el costo inicial de la formalización para microempresas. 2. Expandir esquemas de protección social universal o contributivo flexible para garantizar cobertura a trabajadores informales (salud, pensiones y riesgo laboral). 3. Reforzar programas de formación técnica vinculados a cadenas productivas regionales y a la demanda privada. 4. Optimizar el acceso a financiamiento con garantías públicas y asesoría empresarial para emprendimientos que buscan formalizarse. 5. Fomentar políticas de género y de juventud que consideren cuidados, conciliación y formación específica. 6. Incorporar a la informalidad en estrategias de planificación urbana (espacios de comercio formalizados, logística y transporte) para armonizar regulación y subsistencia económica.
La evolución del desempleo y del empleo informal en Bolivia no puede interpretarse exclusivamente a través de cifras de desempleo abierto: requiere una perspectiva integral que combine calidad del empleo, precariedad de ingresos, cobertura social y capacidad productiva. La informalidad es el resultado de factores estructurales económicos, institucionales y sociales; cualquier avance duradero exige políticas coherentes que reduzcan costos de formalización, amplíen protección social y fortalezcan las capacidades productivas locales. Avanzar hacia empleos más dignos implica transformar no solo las cifras, sino las condiciones reales de trabajo y las oportunidades de crecimiento económico inclusivo, reconociendo la diversidad territorial y cultural del país.
